ESFUERZO VS SUBSIDIO

Esta semana se aprobó el "Ingreso Mínimo Vital", con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, bien por acción, bien por omisión. Antes de esto, se habían lanzado muchas críticas sobre esta nueva figura legislativa, por ello sorprende aún más el resultado de las votaciones.

En mi opinión, debido a la situación que atraviesa el país y lo que está por venir, esta ayuda se hace totalmente imprescindible, pero no de esa manera. 

La ayuda económica tiene su origen en la crisis actual, por lo que deja de tener sentido una vez superada la misma. Además, está por ver, el seguimiento más o menos estricto que se le hará a cada beneficiario para evitar el fraude que todos imaginamos.

Como ya hablé en mi anterior post sobre sufragio universal, cada persona que recibe un salario o subsidio público puede tener un incentivo perverso a la hora de elegir un partido u otro, por lo que vuelvo a decir que no sería descartable plantearse la posibilidad de suspensión temporal de derecho de voto para ciertos casos y así evitar clientelizaciones con dinero de todos los contribuyentes.

Pero no quería escribir hoy sobre la dicotomía del debate sobre el Ingreso Mínimo Vital, el objetivo de hoy es reflexionar sobre otras posibilidades para resolver el problema.

El Ingreso mínimo vital tiene como fin último,  sacar de la pobreza a personas que por la razón que sea, no pueden acceder al mercado laboral. Y es aquí donde observo una de esas realidades que casi son sagradas y no se pueden cuestionar.

Cuando una persona no puede acceder al mercado laboral, el Estado debe hacerse cargo de él o ella mediante una prestación mientras esta persona encuentra otro trabajo o no. Y las medidas que se le exigen a la persona que recibe la prestación son muy laxas. En principio, con ir a sellar el paro y hacer algún curso de informática, puedes justificar tu ayuda. No hay mas controles.

En una sociedad tan avanzada como en la que vivimos actualmente, me cuesta pensar que nadie plantee otras opciones posibles.

Por ejemplo, en un Ayuntamiento se requiere de mucha mano de obra, no excesivamente cualificada. Es decir, se necesitan jardineros, barrenderos, pintores, transportistas y otros muchos oficios, los cuales pueden ser cubiertos por personas que reciban prestaciones de larga duración. Para desincentivar que cualquiera dejara de trabajar para acceder a un trabajo seguro, estos puestos se remunerarían a un porcentaje inferior al de un salario habitual. Por lo que si esta persona quisiera prosperar, se vería incentivada a irse al sector privado donde recibiera un salario acorde al mercado, y al mismo tiempo, ese Ayuntamiento ahorraría en salarios públicos.

Pero esto, es sólo un ejemplo, el cual no será perfecto y seguro que mejorable (os invito a dejarme vuestros comentarios sobre lo que os ha parecido). Se me ocurre otra opción. Ya que el Estado asume el salario de la persona en situación de paro, por qué no podría hacer de nexo entre el sector privado y la persona en paro, de tal forma que se asegurara que un parado no puede rechazar una oferta laboral acorde con sus posibilidades y además pudiera incentivar a la empresa con beneficios fiscales por la contratación. Es decir, si un pintor se encuentra en paro y yo tengo una empresa de reformas, sería lógico que preguntara al Estado que pintores hay recibiendo un subsidio público y contratar los servicios de esta persona.

Estas posibles soluciones no serían aplicables al 100% de los parados. Por ejemplo, un directivo de una empresa del Ibex que queda fuera de su compañía y necesita un tiempo para estudiar varias ofertas de otras empresas que solicitan sus servicios, no podría ser requerido para esta situación, pero sí que podría serlo una persona que lleva meses parado y no encuentra ningún trabajo. Y porque no decirlo, esa persona que trabaja 6 meses y pacta un despido para irse al paro durante 1 año. Se podrían aplicar excepciones, baremos, requisitos, tutores, etc. las posibilidades son infinitas.

Con este tipo de soluciones, se ahorrarían sueldos a las administraciones publicas y en última instancia al bolsillo de los contribuyentes, las personas que recibieran prestaciones económicas las harían a cambio de prestar un servicio y además se les incentivaría a buscar trabajos en el sector privado para seguir prosperando.

Imagino algunos de los comentarios que recibiré por escribir este post, y créanme cuando les digo que soy totalmente consciente de la gran cualificación que tienen ciertos profesionales contratados por las administraciones publicas y cuyas tareas requieren difíciles formaciones. Evidentemente estas soluciones no cubrirían esas vacantes, pero todos sabemos que existen otros trabajos de distintas cualificaciones que siendo tan honorables como los primeros se podrían realizar por estas personas.

Vuelvo a repetir que son dos posibilidades pensadas casi al mismo tiempo en el que escribo, y no querría que el objetivo de este debate fuera hablar de los pros y contras de estas dos ideas. Mas bien, me gustaría que las personas que hayan llegado hasta aquí, pudieran ver algo mas allá de lo establecido.

Estamos en este mundo para apoyarnos y desde las instituciones deben hacer que todo el mundo pueda optar a una mejor vida. Lamentablemente, la economía es la administración de recursos finitos y por lo tanto debemos optimizarlos y dirigir los incentivos al esfuerzo y no al subsidio. Con el primero serás libre y con el segundo serás siervo.

"El hambre y la sed te llevan a nuevos lugares"

@jotaliberty